La compañía pública Renfe cambió el año pasado a lo bestia su política de indemnizaciones y este verano se despide con el dudoso honor de haberse convertido en uno de los más jodidos en lo que ha puntualidad y calidad del servicio se refiere. ¿Casualidad?

     La cuestión es que dos millones largos de sufridos viajeros se han quedado sin la compensación económica a la que hasta hace nada tenían derecho. La devolución del 50 por ciento del importe del billete si el ave se retrasaba más de quince minutos se cifra ahora en un mínimo de una hora y para el rescate del importe íntegro ha de producirse una demora de 90 minutos en lugar de 60, con lo cual las medidas impuestas han logrado que cerca de un 82% menos de clientes se hayan visto resarcidos como lo habrían sido bajo las normas anteriores. Ya ven. Los nuevos porcentajes en vigor, que no se los salta un galgo.

     ¿A cuento de qué se ha producido todo este vuelco? Por supuesto está la versión oficialista que habla de la adaptación al marco regulatorio europeo tendente a igualar las condiciones con las de  los operadores privados. Aunque ante la falta de mejora operativa, la escasez de inversión en mantenimiento, el rosario de averías, robos, apagones y catenarias al pil pil hay quienes ven en los 80 millones que se ha ahorrado la empresa solo en los meses de estío la rendija idónea para no perder la ocasión. Ocurre que el personal no quita ojo y ha captado que sí, que el Parlamento Europeo aprobó en su día el reglamento, pero también que Óscar Puente no se ha puesto a preguntar en las redes si liberalizar beneficia al usuario o solo fomenta recortes en derechos adquiridos. Nada, que no se preocupe. Sin decir ni mu se ha entendido todo.

     Y encima en agosto se supo que un tren bala japonés se retrasó 35 segundos, lo que abocó al conductor a disculparse y ofrecer el reembolso íntegro del billete en una muestra de cultura de la puntualidad y atención al cliente. Así que más vale no ir para allá, que luego hay que volver.